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La legislación secundaria

Educación / septiembre 17, 2019

La Nueva Reforma Educativa establece que el Congreso de la Unión expedirá la Ley General del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros a más tardar en un plazo de ciento veinte días contados a partir del 15 de mayo, fecha de la publicación del decreto. Esas leyes son reglamentarias de algunos fragmentos del tercero constitucional. La fracción IX en el primer caso y los párrafos sexto, séptimo y octavo para el segundo.

 

El Proyecto de Decreto de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros se presentó ante la Cámara de Diputados el 29 de agosto. Y, en estos días ha circulado un anteproyecto de ley reglamentaria en materia de mejora continua. En esos dos documentos, la Nueva Escuela Mexicana se alude directa, aunque no de manera explícita. Ambas legislaciones persiguen en sus objetivos garantizar el derecho a la educación, el aprendizaje de los alumnos, la inclusión, la equidad y la excelencia. En otras palabras, por medio de la legislación secundaria se pretende coadyuvar al cumplimiento de los principios, fines, criterios, enfoques y perspectivas de la educación mexicana.

 

Con respecto a la Ley General de Educación, los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de decreto el pasado 18 de julio. Esta ley no se considera técnicamente secundaria como las anteriores a pesar de que su objeto es por demás relevante: regular la educación que imparta el Estado. El Título Segundo versa sobre la Nueva Escuela Mexicana y en el Capítulo I de ese apartado da cuenta de su función. Textualmente se menciona: “El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, colocando al centro de la acción pública el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objeto el mejoramiento integral y constante que promueva el máximo logro del aprendizaje, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad de su entorno”. En el Capítulo II se profundiza la definición de los fines y criterios de la educación, su orientación integral así como lo relacionado con los planes y programas de estudio.

 

Las indefiniciones y las contradicciones florecen en el trabajo cotidiano que realizan los colectivos en las escuelas, director y profesores. Por ejemplo, en el Transitorio Décimo Séptimose expresa:

 

… “la ley secundaria definirá que, dentro de los consejos técnicos escolares, se integrará un Comité de Planeación y Evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dichos programas tendrán un carácter multianual, definirán objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el referido Comité”.

 

A pesar de la inexistencia de leyes secundarias, como ya se señaló en líneas anteriores, la Secretaría de Educación Pública instruyó la implementación de una planeación centrada en la mejora de los aprendizajes de todos los alumnos a partir del diagnóstico de las condiciones de la escuela. Sugiere tomar en cuenta determinados ámbitos; establecer objetivos a partir del análisis de los datos y la identificación de las problemáticas más relevantes y recurrentes; plantear acciones concretas, responsables, fechas y recursos; considerar la valoración de los resultados, como se establece en la metodología elaborada para tal fin “Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua” (http://bit.ly/2z0pQfj).

 

La legislación secundaria y la Ley General de Educación servirían para la comprensión e implementación de la Nueva Escuela Mexicana. Desafortunadamente estas aún no han sido aprobabas por el Congreso de la Unión. Son solo propuestas cuyo contenido es susceptible de modificarse según los acuerdos a que se llegue con los diferentes actores y grupos con los cuales se está negociando. Falta de consenso, se dice. Las leyes secundarias contrarrestarían la incertidumbre y, de esta manera, el trabajo de los docentes en las aulas y de los directores en las escuelas enaltecería el precepto constitucional del derecho a la educación.

 

Carpe diem quam minimun credula postero

 

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Sergio Martínez Dunstan